La decisión dividida de Torres: por qué las ventas de XRP tuvieron dos resultados

La demanda llega a la pantalla de negociación

El 22 de diciembre de 2020, la SEC demandó a Ripple Labs, Brad Garlinghouse y Chris Larsen ante el tribunal federal de Manhattan. Alegó que las ventas iniciadas en 2013 habían recaudado más de 1.300 millones de dólares mediante una oferta de valores no registrada. Solicitaba órdenes judiciales, restitución de ganancias y sanciones civiles. Eran alegaciones de una acción civil, no una acusación penal ni una declaración de ilegalidad de todas las compras de XRP.^[3]

Para un titular, el conflicto se hizo tangible en la plataforma. Coinbase suspendió la negociación de XRP el 19 de enero de 2021. Su aviso distinguía entre negociar y custodiar: los saldos seguían en las cuentas y se permitían depósitos y envíos a carteras externas. Perder una vía para vender tenía consecuencias prácticas, pero no equivalía a perder la propiedad del token ni a que su cadena de bloques dejara de funcionar.^[6]

Garlinghouse rechazó públicamente la posición de la SEC. En un texto del 23 de diciembre describió el caso como un ataque al conjunto de la industria y afirmó que él y Larsen lo combatirían en vez de pactar por separado. Era la versión de Ripple sobre sus intereses y su estrategia. Explicaba su resistencia, pero no acreditaba una actuación ilícita del regulador ni anticipaba lo que admitiría el tribunal.^[2]

La SEC se equivoca por completo tanto en los hechos como en el derecho, y confiamos en que finalmente prevaleceremos ante un juzgador neutral de los hechos.^[2]

— Andrew Ceresney, abogado externo de Ripple

Qué tenía que ver un naranjal con XRP

El puente jurídico hacia XRP pasaba por un naranjal de Florida. En SEC contra W.J. Howey Co., de 1946, el Tribunal Supremo examinó terrenos ofrecidos junto con acuerdos de cultivo y reparto de beneficios. Podía existir un contrato de inversión cuando se aportaba dinero a una empresa común esperando beneficios del esfuerzo ajeno. Importaba la sustancia del acuerdo, más que la etiqueta de la propiedad vendida.^[1]

Esa distinción dio forma al litigio de Ripple. La resolución de julio de 2023 explicó que un activo corriente podía venderse mediante un contrato de inversión. Sus características de moneda o mercancía no resolvían por sí solas la naturaleza jurídica de todas las ventas. El tribunal no buscó un contrato permanente dentro del código de XRP: examinó los contratos, expectativas y circunstancias de las distintas operaciones de los demandados.^[4]

Ripple había destacado que comprar XRP no confería acciones, dividendos ni derechos de voto en la compañía. La tarea judicial iba más allá de comprobar si XRP era una acción. Había que aplicar Howey a las ofertas y ventas concretas. Un activo podía tener usos independientes de la empresa y, aun así, el acuerdo específico bajo el cual se vendía podía cumplir los requisitos de un contrato de inversión.^[2][4]

Los demandados alegaron también que no habían recibido una advertencia suficiente sobre lo que prohibía la ley; Larsen y Garlinghouse invocaron además su falta de claridad al aplicarse. Torres rechazó esas defensas respecto de las ventas institucionales: Howey y su jurisprudencia ofrecían orientación constitucionalmente suficiente. No decidió la defensa de aviso suficiente para las otras operaciones. Por tanto, el éxito de Ripple en otros puntos no fue una victoria constitucional sobre ese argumento.^[4]

Un token, distintas condiciones de venta

El 13 de julio de 2023, la jueza Analisa Torres emitió una resolución de juicio sumario de 34 páginas. Su decisión central consistió en separar operaciones que utilizaban el mismo token. El expediente de una venta negociada con un comprador institucional difería del de las ventas de Ripple a través de libros de órdenes. Ninguna de las partes podía reducir el resultado a un único veredicto sobre XRP en cualquier contexto.^[4]

Las ventas institucionales por contrato escrito, que sumaban 728 millones de dólares, fueron ofertas y ventas no registradas de contratos de inversión. El tribunal concluyó que esos compradores esperaban razonablemente que Ripple empleara el dinero en desarrollar el ecosistema y aumentar el precio de XRP. Era una decisión adversa a la compañía bajo la Sección 5, aunque otras partes de la resolución la favorecieran.^[4]

En las ventas programáticas de Ripple, realizadas mediante órdenes anónimas en plataformas, los compradores no sabían si su dinero iba a Ripple o a otro vendedor. El expediente no acreditaba el tercer requisito de Howey para esa categoría. La nota 16 dejó expresamente sin decidir las ventas secundarias en general: su tratamiento dependía de las circunstancias de cada operación. Un libro de órdenes anónimo no recibió una exención universal.^[4]

Por las razones expuestas, se CONCEDE la solicitud de juicio sumario de la SEC respecto de las ventas institucionales y se DENIEGA en lo demás. Se CONCEDE la solicitud de los demandados respecto de las ventas programáticas, las otras distribuciones y las ventas de Larsen y Garlinghouse, y se DENIEGA respecto de las ventas institucionales.^[4]

— Jueza Analisa Torres

Vuelve la negociación, permanece la sentencia

El acceso a las plataformas volvió con calendarios distintos. Coinbase registra la reincorporación de XRP el 13 de julio de 2023. El anuncio de soporte de Gemini está fechado el 10 de agosto y fue actualizado el 16 de agosto. Estos avisos documentan decisiones empresariales, no una garantía judicial sobre todas las operaciones. No permiten contar que todas las plataformas restablecieron XRP en las horas posteriores al fallo.^[6][7]

El proceso continuó después de julio. Según el relato procesal posterior del tribunal, la solicitud de la SEC para obtener autorización de apelación interlocutoria fue rechazada el 3 de octubre de 2023. Un acuerdo fechado el 19 de octubre puso fin a las demandas civiles pendientes por la presunta ayuda de Garlinghouse y Larsen a las infracciones de Ripple en sus ventas institucionales. Se cerraron sin posibilidad de volver a plantearlas, haciendo innecesario su juicio previsto. Quedaban por decidir las medidas contra Ripple.^[8][9]

El 7 de agosto de 2024, el tribunal dictó sentencia final, impuso una sanción civil de 125.035.150 dólares y prohibió a Ripple nuevas infracciones de la Sección 5. El 7 de agosto de 2025, la SEC y Ripple retiraron conjuntamente sus apelaciones, por lo que la sentencia siguió vigente. El cierre de las apelaciones no eliminó la infracción en las ventas institucionales, la sanción ni la orden judicial.^[8][5]

La tensión duradera está entre un token que circula sin cambiar y ventas cuyas circunstancias jurídicas sí difieren. Ripple prevaleció en las ventas programáticas; la SEC, en las institucionales. Leer ambas mitades explica por qué pudo volver la negociación mientras permanecía una importante sanción civil. El resultado invita a examinar las condiciones de cada venta, sin prometer que un símbolo conocido determine por sí solo su situación legal.^[4][5]