La decisión dividida de Torres: por qué las ventas de XRP tuvieron dos resultados

La Emboscada en Vísperas de Navidad y la Caída Libre de XRP

El 22 de diciembre de 2020, pocas horas antes de que el presidente saliente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Jay Clayton, abandonara su cargo regulatorio, la agencia federal desató una tormenta judicial sin precedentes sobre la industria de los activos digitales. En una demanda interpuesta ante el tribunal federal de Manhattan, la comisión acusó formalmente a Ripple Labs, a su director ejecutivo Brad Garlinghouse y al cofundador Chris Larsen de orquestar una oferta ilegal y continuada de valores no registrados por un importe de 1.300 millones de dólares mediante la venta de tokens XRP.^[3]

El impacto en los mercados internacionales fue inmediato y devastador. Ante el temor a sufrir represalias regulatorias y cargos por facilitar la negociación de valores ilegales, las principales plataformas estadounidenses como Coinbase, Kraken y Bitstamp suspendieron fulminantemente las operaciones con XRP. En cuestión de días, más de quince mil millones de dólares de capitalización de mercado se esfumaron, infligiendo pérdidas colosales a millones de ahorradores particulares en todo el mundo.^[3][4]

Sin embargo, Brad Garlinghouse se negó en redondo a capitular. Respaldado por unas sólidas reservas corporativas y una dilatada trayectoria empresarial, comprendió de inmediato que el ataque no era una mera sanción administrativa rutinaria, sino un cerco estratégico concebido para sofocar el desarrollo de la economía digital en territorio estadounidense. Decidió comprometer más de cien millones de dólares de la compañía en contratar a los litigantes más prestigiosos del país y llevar la batalla directamente a juicio.^[3][5]

La SEC se equivoca por completo tanto en los hechos como en el derecho, y confiamos en que finalmente prevaleceremos ante un juzgador neutral de los hechos.^[2]

— Andrew Ceresney, Ripple outside counsel

El Huerto de Cítricos de 1946 y la Manipulación de Howey

El pilar central sobre el que descansaba la ofensiva del regulador federal era un antiguo precedente jurisprudencial emitido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1946: el caso SEC contra W.J. Howey Company. En aquella sentencia histórica originada por la explotación de parcelas citrícolas en Florida, el alto tribunal determinó que existía un contrato de inversión cuando una persona invertía dinero en una empresa común esperando obtener beneficios exclusivamente de la labor de terceros.^[1][2]

Bajo la dirección del presidente Gary Gensler, la SEC forzó los límites hermenéuticos del test de Howey hasta el paroxismo. Los letrados gubernamentales alegaron que cualquier criptoactivo negociado en mercados secundarios arrastraba de manera perpetua un contrato de inversión invisible adherido a su código informático, vinculando indefinidamente a los compradores con la actividad comercial de Ripple, sin importar quién vendiera el activo ni en qué rincón del planeta tuviera lugar la transacción.^[1][3]

El equipo jurídico de Ripple desmontó meticulosamente esta teoría expansiva. Demostraron que XRP operaba como un activo digital autónomo y de código abierto, empleado en corredores de liquidez transfronterizos sin necesidad de intervención ni licencias de Ripple. Cientos de entidades comerciales utilizaban el protocolo de forma enteramente independiente, acreditando que el token poseía una utilidad funcional objetiva al margen de cualquier expectativa corporativa.^[3][4]

Asimismo, la defensa esgrimió el argumento constitucional de Notificación Justa (Fair Notice) al amparo de la Quinta Enmienda. Aportaron abundantes comunicaciones internas donde quedaba patente que la propia comisión debatió durante años el estatus jurídico de los criptoactivos sin llegar a consensuar una directriz vinculante, tendiendo una trampa regulatoria inadmisible a los emprendedores que actuaban de buena fe.^[3]

La Doctrina Torres y el Terremoto Jurisprudencial del 13 de Julio

El 13 de julio de 2023, tras treinta y un meses de extenuante instrucción judicial y presentación de informes periciales, la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, emitió su esperada resolución de juicio sumario de treinta y cuatro páginas. El dictamen sacudió los cimientos financieros de Wall Street al rechazar la pretensión maximalista de la SEC de calificar a XRP como un valor intrínseco.^[3][4]

La jueza Torres resolvió que las ventas institucionales por contrato escrito, por 728 millones de dólares, constituyeron ofertas y ventas no registradas de contratos de inversión. En cambio, alcanzó una conclusión distinta sobre las ventas programáticas en plataformas de activos digitales y concedió solo en parte las solicitudes de juicio sumario de cada lado.^[4]

Para las ventas programáticas, el tribunal destacó que los compradores en operaciones ciegas no sabían si su dinero iba a Ripple o a otro vendedor de XRP. La orden concluyó que el expediente no acreditaba el tercer elemento de Howey para esa categoría; no decidió la situación jurídica de todas las operaciones secundarias de XRP.^[4]

Por las razones expuestas, se CONCEDE la solicitud de juicio sumario de la SEC respecto de las ventas institucionales y se DENIEGA en lo demás. Se CONCEDE la solicitud de los demandados respecto de las ventas programáticas, las otras distribuciones y las ventas de Larsen y Garlinghouse, y se DENIEGA respecto de las ventas institucionales.^[4]

— Judge Analisa Torres

La Retirada de la Comisión y la Consagración del Precedente

Las consecuencias prácticas del pronunciamiento de la jueza Torres se manifestaron con celeridad inmediata. En cuestión de pocas horas, Coinbase, Kraken y Gemini anunciaron el restablecimiento de la negociación de XRP en sus plataformas, amparándose en la indiscutible certeza jurídica emanada del juzgado federal. La cotización de XRP experimentó una subida del ochenta por ciento en una sola tarde, mientras la industria celebraba el fin de la presunción de ilegalidad sobre las transacciones secundarias.^[3][4]

Desconcertada por la derrota judicial, la SEC intentó promover una apelación interlocutoria de urgencia, pero la jueza Torres desestimó la pretensión. Conscientes de su debilidad procesal, los fiscales federales protagonizaron otra humillante retirada en octubre de 2023, retirando voluntariamente todos los cargos formulados contra Brad Garlinghouse y Chris Larsen a título personal, evitando así el juicio con jurado.^[3][5]

El 7 de agosto de 2024, el tribunal dictó sentencia final, impuso una multa civil de 125.035.150 dólares y prohibió a Ripple nuevas infracciones de la Sección 5. El 7 de agosto de 2025, la SEC y Ripple retiraron conjuntamente sus apelaciones, por lo que esa sentencia siguió vigente.^[4][5]

La enseñanza duradera del caso es más estrecha que afirmar que XRP siempre o nunca es un valor. El tribunal aplicó Howey a categorías concretas y llegó a resultados distintos para los contratos institucionales y las ventas programáticas ciegas; la retirada de las apelaciones dejó intacta esa sentencia mixta.^[1][4][5]